Caso Práctico sobre Reforma Constitucional del art. 49 CE

La reforma del art. 49 de la Constitución Española ha sido una demanda constante por

parte de la comunidad de personas con discapacidad. Este requerimiento se originó

debido a la necesidad de modificar el lenguaje empleado en la Constitución de 1978,

que hacía referencia a las personas con discapacidad como «disminuidos físicos,

sensoriales y psíquicos», una terminología ampliamente considerada como

discriminatoria y denigrante. El 3 de mayo de 2008, España ratificó la Convención

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Este

tratado internacional, que busca promover y proteger los derechos humanos de las

personas con discapacidad, puso de manifiesto la obsolescencia del lenguaje contenido

en la Constitución.

Art. 49 CE (versión original).

Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e

integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la

atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de

los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.

Art. 49 CE (versión 2024).

1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en

condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección

especial que sea necesaria para dicho ejercicio.

2. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía

personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos

universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus

organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las

necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.

1.- ¿Qué diferencias presenta la redacción de ambos preceptos? ¿Supone la diferencia

de consecuencias jurídicas distintas?

2.- ¿Es contrario al principio de igualdad diferenciar entre personas con discapacidad

mujeres y menores comparada con hombres y personas de la tercera edad? ¿Puede tener

consecuencias en la práctica por suponer en algunos casos una discriminación por razón

de género o de edad que sean protegibles en amparo?

3.- ¿Qué mayoría se exige para aprobar esta reforma, cuántos parlamentarios supone?

4.- El Grupo parlamentario de VOX tiene 33 diputados a los que se suman los 3

senadores de los que dispone en la Cámara alta para solicitar un referéndum. ¿Es

admisible esta posibilidad de sumar parlamentarios de ambas cámaras para presentar la

solicitud de referéndum?

Caso Práctico sobre Reforma Constitucional

Derecho Constitucional I